La Cancillería venezolana en un comunicado expresó su contundente rechazo a la nueva extensión de la Orden Ejecutiva 13962 del 8 de marzo de 2015, firmada por el entonces presidente Barack Obama, lo que da continuidad “a la criminal política de agresión en contra del pueblo venezolano mediante la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales”.
Asimismo, ha condenado la recién afirmación del Gobierno de EE.UU. que representa al país como una amenaza para el país norteamericano.
“Aún más cuando es evidente que ha sido Venezuela el país que ha tenido que enfrentar una multiplicidad de amenazas, chantajes, agresiones y ataques que vulneran los derechos humanos de todo el pueblo venezolano, atropellan las normas establecidas en el derecho público internacional y constituyen un crimen de lesa humanidad”, así se lee en el comunicado.
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— Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) March 2, 2023
Con la expansión de esta política irregular de la Casa Blanca, “un Gobierno que se jacta de defender los derechos humanos y los principios de la democracia”, queda claro su personalidad autocrática y mentirosa, además de irrespetar la soberanía y la autodeterminación de las naciones, según ha puesto de relieve el país sudamericano.
El país latinoamericano ha confirmado que “conduce sus relaciones internacionales bajo los principios de solidaridad entre los pueblos y de la diplomacia de paz”.
“La soberanía de Venezuela es inquebrantable […] espera que Estados Unidos desista de una vez por todas de esta absurda política llena de soberbia y condenada al fracaso, optando por una política civilizada donde imperen los principios de la diplomacia y el respeto mutuo”, de acuerdo con el comunicado.
La Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó el miércoles la renovación del documento, denominado Orden Ejecutiva 13692, que tilda al país bolivariano como una “amenaza para la seguridad nacional y la política de exteriores” de Washington.
En este contexto, las autoridades de Venezuela han censurado en repetidas ocasiones el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. y que afectan a la nación.
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