“En fecha del 3 de julio de 2021, los tres detenidos fueron puestos a la orden del Tribunal, e imputados por los delitos de promoción al odio, traición a la patria y terrorismo, acordándose medida privativa de libertad”, informó el martes el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
El alto cargo venezolano afirmó que las tres personas, identificadas como José Rafael Tarazona Sánchez, José Javier Tarazona Sánchez y Omar de Dios García Marín, fueron arrestadas el 2 de julio, por realizar acusaciones públicas sin ningún fundamento sobre la vinculación del Estado venezolano con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Saab denunció que las acusaciones difundidas buscaban allanar el camino a nuevas agresiones contra Venezuela, así como justificar futuras intervenciones extranjeras en el territorio nacional.
Además, continuó, estas acciones incitan al odio y comprometen “gravemente la paz de la República”, por lo que el Ministerio Público tramitó la orden de aprehensión, ante el Tribunal Tercero de Terrorismo a nivel nacional, la cual fue aceptada.
Las declaraciones del fiscal general de Venezuela se produjeron mientras la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, difundió el lunes un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y calificó de “preocupante” la detención de los tres miembros de Fundaredes.
Venezuela desmiente informe de la ONU
A su vez, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela reveló el mismo martes información que desmiente el informe de Bachelet.
El reporte de Bachelet acusa al país bolivariano de violar los derechos humanos mediante golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, amenazas de violación y penas crueles. No obstante, el máximo órgano de justicia venezolano aseguró que existe un plan para el descongestionamiento de salas de retención preventiva y centros penitenciarios, en el cual participan jueces y servidoras judiciales.
Por otro lado, el documento enfatiza que, pese a la pandemia de la COVID-19, el Poder Judicial, entre 2020 y lo que va de este año, realizó 26 652 audiencias y atendió a unos 31 585 privados de libertad en los centros penitenciarios y policiales a nivel nacional.
Esas acciones forman parte de una continua e ininterrumpida labor que se realiza en aras de garantizar los principios constitucionales de acceso a la justicia, el debido proceso y la celeridad procesal, en plena sintonía con la Constitución y las leyes de la República, agrega el informe del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
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