Por Ivan Kesic
Entre las organizaciones sancionadas son Al-Haq, el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés), y el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos.
Promulgadas el 4 de septiembre de 2025, bajo el pretexto de la Orden Ejecutiva 14203, estas medidas apuntan explícitamente a los grupos de derechos humanos por su compromiso legítimo con la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar los crímenes de guerra israelíes en medio del genocidio en curso en Gaza.
Esta medida, sostienen los organismos de control, representa un ataque directo a los principios básicos del derecho internacional y la defensa de los derechos humanos, diseñado estratégicamente para criminalizar la verdad y proteger la impunidad israelí.
Dicen que esto forma un patrón siniestro de obstrucción, después de sanciones anteriores contra el grupo de derechos de los prisioneros palestinos Addameer, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, y la propia CPI.
Esto ocurre en medio del genocidio en curso en Gaza que se ha cobrado casi 65 000 vidas palestinas, la mayoría de ellas niños y mujeres, desde octubre de 2023.
Al-Haq
Fundada en 1979 en Ramalá, en la Cisjordania ocupada, Al-Haq es una de las organizaciones palestinas de derechos humanos más antiguas y respetadas, dedicada a proteger los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado bajo los estrictos marcos del derecho internacional.
La organización tiene estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de la ONU y es miembro de federaciones internacionales como la FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos) por su meticulosa documentación de los crímenes israelíes, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las prácticas institucionalizadas del apartheid y el colonialismo de asentamiento.
La labor de defensa de Al-Haq ha sido fundamental para aportar pruebas cruciales a la CPI, apoyando directamente las órdenes de arresto de 2024 del tribunal contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ex ministro de asuntos militares, Yoav Gallant, por horrendos crímenes de guerra.
La reacción de la organización a las sanciones estadounidenses fue de condena desafiante y emitió una declaración que calificó las medidas como un “acto internacionalmente ilícito” destinado a proteger al “régimen de apartheid colonial sionista” israelí.
El director de Al-Haq, Shawan Jabarin, enfatizó que las sanciones, que congelan activos y criminalizan transacciones esenciales, representan una amenaza directa a la capacidad operativa y la seguridad del personal, pero el funcionario prometió una resiliencia inquebrantable, afirmando: “No seremos silenciados”.
Esta represalia refleja una designación israelí anterior de Al-Haq como “organización terrorista” en 2021, que fue ampliamente condenada por los principales organismos de vigilancia de los derechos humanos en ese momento.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos
Fundado en 1995 en la ciudad de Gaza por destacados abogados y activistas, incluido Raji Sourani, el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) se ha ganado una formidable reputación por su defensa de base y su acción legal contra las violaciones de los derechos humanos en la asediada Franja de Gaza.
El PCHR tiene estatus consultivo ante la ONU y ha sido una fuente vital de documentación durante la devastadora guerra genocida de Gaza, informando sobre los ataques aéreos israelíes, las ejecuciones extrajudiciales y el paralizante bloqueo que viola el derecho internacional humanitario.
Su labor de defensa se ha centrado incansablemente en proporcionar asistencia jurídica a las víctimas y presentar pruebas detalladas de crímenes de guerra a la CPI, lo que la convierte en un socio clave en la búsqueda internacional de justicia.
El PCHR reaccionó a las sanciones nombrando directamente la complicidad de Estados Unidos, declarando en su cuenta X: “Ayer, el gobierno de Estados Unidos, socio de Israel en el genocidio en curso, sancionó vergonzosamente a las organizaciones palestinas de derechos humanos”.
La organización destacó el efecto paralizante que tendrán estas sanciones, amenazando su capacidad de operar en medio de una terrible crisis humanitaria donde su trabajo de documentar atrocidades y ofrecer servicios legales es más necesario.
El PCHR calificó la acción de Estados Unidos como un intento deliberado de criminalizar su misión de esclarecer la verdad y proteger la impunidad israelí, prometiendo continuar su labor de defensa a pesar de los inmensos riesgos y pidiendo solidaridad mundial para contrarrestar esta flagrante intimidación.
El Centro Al-Mezan para los Derechos Humanos
El Centro Al-Mezan para los Derechos Humanos, establecido en 1999 en Gaza, ha dedicado su misión a monitorear y documentar las violaciones de los derechos humanos, con un enfoque específico en el impacto devastador de la guerra genocida israelí y el asedio sobre la población civil.
Como miembro de redes internacionales como la FIDH y la OMCT (la Organización Mundial Contra la Tortura), Al-Mezan se ha ganado una reputación por sus informes creíbles sobre el terreno, detallando la destrucción de infraestructura, las muertes de civiles y las condiciones de hambruna exacerbadas por el conflicto en curso.
Su labor de promoción ha sido fundamental para apoyar la investigación de la CPI, aportando pruebas cruciales que contribuyeron al caso contra los dirigentes israelíes por crímenes atroces.
Al-Mezan relacionó las sanciones con el genocidio en curso, declarando: “Mientras continúa el genocidio en Gaza, Estados Unidos nos ha sancionado a nosotros, a @alhaq_org y a @pchrgaza, citando nuestro apoyo y participación en los esfuerzos de la CPI”.
La organización advirtió que las medidas estadounidenses constituyen un ataque directo a su capacidad de documentar atrocidades y brindar apoyo jurídico y psicológico esencial a las víctimas, poniendo así en mayor peligro la seguridad del personal y aislándolo de sus socios internacionales.
Al-Mezan pidió urgentemente a la Unión Europea y otros actores internacionales que invocaran estatutos de bloqueo para neutralizar el impacto de las sanciones, enmarcando la medida de Estados Unidos como una extensión de su complicidad en la campaña israelí para erradicar la resistencia palestina y silenciar a cualquier testigo de sus crímenes.
Indignación internacional
Las sanciones contra estas tres organizaciones han recibido una condena universal por parte de la comunidad internacional de derechos humanos, y las principales ONG mundiales han calificado las medidas como un “flagrante ataque a los derechos humanos” y un “esfuerzo cruel y vengativo para castigar a quienes abogan por las víctimas”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, calificó las medidas de “completamente inaceptables”, argumentando que sólo sirven para profundizar la impunidad y silenciar a las víctimas.
Este esfuerzo concertado para desmantelar la sociedad civil palestina expone una política exterior estadounidense que ha abandonado por completo cualquier pretensión de apoyar un orden internacional basado en reglas, optando en cambio por actuar como escudo legal para un proyecto sionista de desposesión y genocidio.
Al utilizar su poder financiero como arma para sancionar a los defensores de los derechos humanos, Estados Unidos no sólo está observando sino participando activamente en la represión del pueblo palestino, revelando una profunda bancarrota moral que la historia juzgará con severidad.
Texto recogido de un artículo publicado en PressTV.
