El expresidente de Guatemala únicamente estuvo en el poder 4 meses, no obstante, el corto tiempo le alcanzó para autorizar mediante un acuerdo un plan piloto que le baja de manera sustancial el salario mínimo a los residentes de cuatro municipios de diferentes departamentos del país.
Esta medida fijó el salario mínimo en 266 dólares al mes cuando el mínimo se aproxima a 340, y la canasta básica asciende a 460 dólares, la medida rompe con leyes nacionales y tratados internacionales.
La ley ya había sido declarada inconstitucional cuando el también expresidente Otto Pérez Molina la había impulsado bajo las mismas presiones, pero meses después el sector empresarial volvió a impulsarla, esta vez el rechazo fue generalizado por los riesgos que supone aprobar una ley de ese tipo, advierte un analista.
Y es que la dinámica empresarial consiste en que en lugar de que alguien gane un empleo alguien lo pierda para que otro lo sustituya con un salario menor que el mínimo.
De momento la ley se encuentra en la Corte de Constitucionalidad en donde los magistrados decidieron amparar provisionalmente a organizaciones pro derechos humanos para que esta no entre en vigencia, sin embargo pronto se elegirán a nuevas autoridades de dicho órgano y cabe la posibilidad que los nuevos magistrados cambien de opinión.
Miguel Salay, Guatemala
akm/msf
