La Asamblea de Expertos es un cuerpo integrado por 88 juristas islámicos, elegidos mediante voto popular directo cada ocho años. Para postularse, los candidatos deben ser expertos en jurisprudencia islámica, aprobar múltiples exámenes escritos y orales, y obtener la aprobación del Consejo de Guardianes. Este último está compuesto por 12 miembros designados por el líder supremo y el Parlamento. Es importante destacar que cinco de los 12 miembros del Consejo de Guardianes también son parte de la Asamblea de Expertos.
La Asamblea de Expertos representa uno de los pilares fundamentales de la estructura institucional iraní. Su mera existencia garantiza la participación activa de la población en la vida política del país. En este sentido, el fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini (P), enfatizó que si el pueblo elige al Consejo para designar a un mujtahid justo, es decir, un intérprete de la ley islámica, para liderar el gobierno, entonces los expertos nominarían a una persona para asumir dicho liderazgo. En esta situación, la autoridad es validada por el pueblo y el wali (el líder supremo) es elegido democráticamente, proporcionando a su gobierno una sólida base legal.
Por lo tanto, según la propia estructura de la arquitectura institucional de la República Islámica, se puede hablar de una circularidad del poder donde la figura máxima, el wali al faqih, es elegida de manera indirecta a través de la Asamblea de Expertos, que a su vez es elegida directamente por la población, como se ha mencionado anteriormente. En este sentido, es importante recordar que el actual Líder de la República Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, fue designado por la Asamblea de Expertos en 1989.
La figura del Líder es una de las más enigmáticas dentro de la política iraní y, en innumerables ocasiones, ha sido interpretada de manera distorsionada, siendo considerada como autocrática. Sin embargo, la Constitución iraní, en su artículo número 56, deja en claro que “la soberanía absoluta sobre el mundo y el ser humano pertenece a Dios. Y es Él quien ha otorgado a los seres humanos soberanía sobre su destino social. Nadie puede arrebatar este derecho divino a los seres humanos o aplicarlo en beneficio de una persona o grupo especial”. Este artículo refleja la idea expresada en la Surah al-Ikhlas del Corán, donde se rechaza cualquier intento de usurpar la soberanía divina.
Las disposiciones presentes en el artículo mencionado descartan cualquier autoridad individual o autocrática, ya que la soberanía pertenece a la umma (comunidad), y ningún individuo o grupo único puede apropiarse, dividir o confiscar alguna parte de ella.
En este sentido, se puede mencionar, por ejemplo, el artículo 107 de la Constitución, que estipula que el Líder es igual a los demás ante la ley y está sujeto a la ley. Del mismo modo, el poder del wali está sujeto a cuatro salvaguardias constitucionales:
- El artículo 4, que se refiere a los principios y mandamientos islámicos, establece una base fundamental para el ejercicio del poder por parte del wali al faqih.
- El artículo 107, que se refiere a las leyes legislativas, proporciona un marco legal dentro del cual el poder del wali al faqih debe operar, garantizando así su sujeción a las leyes establecidas.
- El artículo 156, que hace referencia a la soberanía del pueblo y el destino social conferido por Dios, subraya la importancia de la legitimidad popular y la voluntad divina en el ejercicio del poder, reafirmando la responsabilidad del wali al faqih hacia la comunidad.
- Los requisitos republicanos para un gobierno respaldado por el pueblo
Teniendo en cuenta lo anterior, es un error confundir la soberanía del wali (wilayat) con la soberanía absoluta, como ocurre en el caso de las teorías tiránicas y totalitarias. En otras palabras, la wilayat no equivale a soberanía. La presencia de “válvulas de seguridad”, representadas por la Constitución, garantiza que el wali no exceda sus funciones.
Imam Jamenei, en su obra “Government in Islam”, planteó la pregunta retórica sobre cómo un gobierno divino también podría ser popular. Cuestionó si el término “República Islámica”, que combina gobierno islámico con un gobierno popular, es un término correcto o simplemente apologético.
Según él, la mayoría de los gobiernos que se establecieron en nombre de un sistema divino fueron despóticos, ya que la población y la opinión popular apenas tenían algún papel que desempeñar. Añadió que el sistema islámico no solo se preocupa por establecer libertades públicas, sino que su objetivo principal es fomentar la justicia y la equidad. A diferencia de los sistemas de gobierno occidentales, donde el despotismo se interpreta como lo opuesto a la libertad, en los sistemas islámicos, lo opuesto al despotismo es la justicia.
Por tanto, se puede decir que la política islámica moderna en Irán se basa en dos pilares: la doctrina del liderazgo del jurista (Wilayat-e Faqih) y la consulta popular de la comunidad (shura de la umma). Estos dos, juntos, actúan como una válvula de seguridad que evita que el gobierno islámico degenera en un régimen despótico.
Además, como ya se ha apuntado, muchos de los artículos de la Constitución de la República Islámica fueron diseñados para actuar como salvaguardias y garantías prácticas para prevenir la tiranía y la dictadura, así como para asegurar la justicia. Por ejemplo, el preámbulo de la Constitución establece que la misma garantiza la eliminación de todo tipo de dictadura intelectual y social, así como de monopolio económico, y se esfuerza por deshacerse del gobierno tiránico y asegurar el derecho de autodeterminación del pueblo.
La importancia de la Asamblea de Expertos radica, por tanto, en su papel otorgado por la Constitución de tener la prerrogativa de identificar cualquier posible desviación en la conducta del faqih que lo aleje de esa búsqueda de la justicia, que debe ser su rasgo político principal.
Por XAVIER VILLAR
