A pesar de que el Legislativo acordó formar una comisión investigadora para determinar las responsabilidades políticas y penales de los más de 60 fallecidos durante las manifestaciones contra el régimen de Dina Boluarte, han pasado dos meses y medio desde entonces, y la comisión todavía no se ha establecido.
Aunque el Parlamento de Perú ratificó la creación de una comisión especial que investigue las muertes en las protestas, esta todavía no ha empezado a funcionar, ya que necesita al menos nueve integrantes, pero tras más de dos meses y medio, solo se han acreditado tres parlamentarios. La falta de interés principalmente proviene de la bancada fujimorista y sus aliados. Según la ley, se requieren al menos seis miembros para que la comisión comience a funcionar.
Dina Boluarte actualmente es investigada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a raíz de las muertes ocurridas durante el estallido social contra su Gobierno.
El Congreso de Perú además de retrasar las investigaciones por las víctimas mortales en las protestas, se encuentra realizando todo tipo de maniobras para acaparar los poderes del Estado.
El informe final de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al igual que otros organismos de Derechos Humanos, concluyó que sí hubo un excesivo uso de la fuerza durante las protestas sociales en Perú, por lo que exigió una reforma política en el país andino para que las minorías, así como las poblaciones indígenas, se sientan más protegidas.
Aarón Rodríguez, Lima.
kmd/tqi
