Por segundo día consecutivo la libertad de Keiko Fujimori y once miembros de su bancada “Fuerza Popular” quedó en suspenso.
Los tres años de prisión preventiva que pide el fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori por liderar una red de lavado de activos, es una tesis con la que concuerdan el 77 % de peruanos según Datum. La medida requerida se funda en la obstaculización a la pesquisa fiscal y el peligro de fuga de Fujimori.
La discusión entre la fiscalía y la defensa de Fujimori se centra en si existen las evidencias de convicción que justifiquen el peligro de fuga de la líder de Fuerza Popular. Este punto motivó el pasado viernes el cese de la detención preliminar contra ella y la cúpula de su partido, por lo que será determinante para la decisión del juez Concepción Carhuancho.
El fiscal Pérez incluyó en su alegato el testimonio de un testigo protegido que confirmó la reunión entre Fujimori y el juez César Hinostroza, detenido en España y que obstaculizó las investigaciones contra Fujimori.
El juez Concepción Carhuancho ha demostrado no escatimar en pedir medidas coercitivas contra altos líderes políticos. Hace unos meses dictó prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, imputados por el mismo delito que Fujimori. El reto fiscal es probar que existe peligro de fuga y que Fujimori sabía que su partido lavó dinero de Odebrecht.
Rudy Jordán, Lima.
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