La Organización para la Cooperación Islámica (OCI), el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) y el alto responsable de Derechos Humanos de la ONU emitieron denuncias después de que el régimen de Tel Aviv anunciara que 37 grupos de ayuda tendrán sus licencias suspendidas el 1 de enero y sus operaciones finalizarán en 60 días.
El régimen del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en Gaza, afirmó que las organizaciones, incluidas algunas de las organizaciones benéficas más conocidas del mundo, no han cumplido con los nuevos requisitos de registro.
En una declaración publicada el miércoles, la Secretaría General de la OCI remarcó que las ONG prohibidas desempeñan un papel “vital e indispensable” para aliviar el sufrimiento de los palestinos causado por la guerra genocida de Israel en la Franja de Gaza.
Entre las organizaciones prohibidas se encuentran Save the Children, Oxfam, Caritas, Action Aid, el Comité Internacional de Rescate, World Vision, los Consejos de Refugiados de Dinamarca y Noruega, y Médicos Sin Fronteras (MSF).
MSF advirtió que la medida tendría un “efecto catastrófico” en la atención médica, y señaló que sus equipos apoyan casi una quinta parte de las camas de hospital en Gaza.
En 2024, el parlamento israelí aprobó una ley que prohibía a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) operar en los territorios ocupados, alegando que algunos de los miembros de su personal estaban involucrados en la operación Tormenta de Al-Aqsa.
Además, el miércoles, CAIR, la mayor organización musulmana de libertades civiles de Estados Unidos, condenó la prohibición de Israel a MSF y otras organizaciones de ayuda como “un acto de crueldad sin precedentes y malvado”.
El régimen usurpador está “completamente fuera de control porque no ha enfrentado consecuencias reales por cometer un genocidio con el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Es hora de que el Congreso escuche al pueblo estadounidense, no al AIPAC”, señaló, refiriéndose al Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la decisión israelí de “escandalosa” y advirtió que “empeorará aún más una situación ya intolerable para el pueblo de Gaza”.
Además, pidió a todos los Estados que adopten medidas urgentes e insistan en que Israel permita que la ayuda llegue a Gaza sin obstáculos.
Desde la entrada en vigor de la tregua entre HAMAS e Israel, las autoridades israelíes han impuesto restricciones a la ayuda humanitaria vital, negando a los palestinos desplazados bienes esenciales y alojamiento temporal en medio de duras tormentas invernales.
El régimen israelí, aprovechando el vacío generado por la falta de coordinación internacional y la ausencia de presión efectiva de los organismos mundiales, busca consolidar su control indirecto sobre Gaza; un control que, junto al mantenimiento del bloqueo y la obstrucción de la reconstrucción de infraestructuras, podría conducir a una separación permanente.
Desde octubre de 2023, Israel ha causado la muerte de más de 72 000 palestinos y ha dejado 171 232 heridos en Gaza, según las autoridades del enclave.
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