En una resolución no vinculante aprobada con 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, el pleno de la Eurocámara ha exigido este jueves a la UE que paulatinamente refuerce las sanciones contra el Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega.
Los eurodiputados han acusado a la Administración de Ortega de tener una “estrategia planificada para destruir a la oposición política” y de “vulnerar la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho”.
En la resolución también se insta a aplicar “un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como la prohibición de la expedición de visados y la inmovilización de activos, contra el Gobierno de Nicaragua”.
Además, piden suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación y de libre comercio entre el bloque comunitario y Centroamérica.
Reanudar el diálogo con la oposición para llegar a una solución pacífica es una de las demandas de los eurodiputados, que incluye “la rendición de cuentas por parte de los responsables de las violaciones de los derechos humanos” y una hoja de ruta clara para la celebración de nuevas elecciones en un futuro a corto plazo.
En un comunicado difundido el sábado pasado, la Cancillería nicaragüense hizo un llamado a la comunidad internacional para que no aplique sanciones contra dicho país a fin de que se fomente el desarrollo humano, económico y social en Nicaragua.
En la nota también se propuso justicia y reparación para seguir consolidando la paz y la seguridad y se planteó “la liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril del 2018 en contra del Estado de Nicaragua”.
En un intento para superar la crisis y protestas comenzadas en contra de una fallidas y revocadas reformas a la Ley de Seguridad Social, Ortega aceptó dialogar con la oposicion y dejó abierta la posibilidad de continuar las negociaciones para realizar reformas electorales de cara a los comicios presidenciales de 2021.
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