Enrique Hernández, candidato del partido izquierdista llamado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue asesinado a balazos el 14 de mayo en plena campaña electoral.
En una rueda de prensa celebrada el miércoles por este motivo, el fiscal de Michoacán, José Martín Godoy, anunció la decisión de esta entidad de ejercitar acción penal al director de Seguridad Pública Municipal, al subdirector y a un elemento de la corporación de Yurécuaro por su probable participación por “omisión” en el homicidio del candidato.
Según informó el funcionario, los autores materiales del asesinato de Enrique Hernández fueron dos mercenarios contratados por dos líderes de una organización delictiva local quienes podrían haber tenido problemas si el candidato asesinado hubiera sido elegido como presidente del municipio.
Estos dos jefes, contra quienes también ha sido emitida orden de arresto, pagaban una cuota mensual a los policías de Yurécuaro por protección y pidieron al jefe de la policía que les apoyara para realizar este crimen.
Según el fiscal, el jefe de Policía y sus subordinados que “tuvieron conocimiento del atentado contra la integridad del candidato”, no solo “no llevaron a cabo ninguna acción tendiente a evitarlo” sino también trasladaron a los dos asesinos al lugar para perpetrar el crimen.
El asesinato del candidato en Yurécuaro es el segundo de un aspirante a una alcaldía que se registra en esa zona, una de las más afectadas por la violencia derivada del narcotráfico. También hace poco, otros dos candidatos fueron asesinados en el vecino estado de Guerrero (sur).
México pasa por una severa crisis de seguridad que podría influir en la contienda electoral a celebrarse el 7 de junio, y que es considerada el primer test electoral de la presidencia de Peña Nieto (2012-2018), que también representa un desafío para la seguridad en algunos de los estados más inseguros del país, como Jalisco (oeste), Michoacán (oeste).
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