A pocas semanas de haber asumido el control del Congreso Nacional de Honduras, el Partido Nacional aprobó una reforma que modifica las facultades administrativas dentro de la Corte Suprema de Justicia, retirando a su presidenta atribuciones clave para trasladarlas al pleno de magistrados. Aunque la medida es presentada como un mecanismo de control institucional, distintos sectores advierten que podría tratarse de una reconfiguración del poder judicial en favor de intereses políticos.
Mientras el oficialismo defiende la reforma como una acción necesaria para supervisar el funcionamiento del Poder Judicial, analistas y sectores sociales señalan que el trasfondo va más allá del discurso técnico.
Las críticas también apuntan al proceso de aprobación de la reforma. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia había solicitado la instalación de una mesa técnica para analizar los alcances de la iniciativa e incorporar al Poder Judicial en la discusión; sin embargo, este llamado no fue atendido.
La reforma también se produce en un momento de alta tensión institucional en Honduras, donde las decisiones sobre el sistema de justicia suelen tener implicaciones directas en el escenario político y en la relación entre los poderes del Estado.
Mientras crecen las advertencias sobre los posibles efectos de esta reforma, el tema continúa abierto en Honduras, donde se insiste en que cualquier cambio al sistema de justicia debe garantizar independencia, transparencia y respeto a la institucionalidad democrática.
Daniel Sierra desde Tegucigalpa, Honduras.
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