Más de 45 000 civiles en Guatemala siguen sin aparecer, más de 200 000 fueron asesinados por el estado y más de un millón desplazados de sus comunidades, de ello, unas pocas condenas se han materializado por una justicia cooptada, la mayoría de muertes y desapariciones ha quedado en la impunidad incluyendo a los familiares de Sara quien lleva 41 años buscando.
Los presidentes que han gobernado el país en la era de posguerra poco o nada han hecho para tratar de esclarecer el paradero de los 45 000 desaparecidos, incluyendo al actual gobierno quien se autorreconoce como defensor de los derechos humanos, sin embargo, es más de lo mismo.
A los actos de conmemoración se unió el alto comisionado de Naciones Unidas en Guatemala quien se adhiere al reclamo hacia el gobierno en torno a buscar los mecanismos para desarchivar los documentos que puedan contener información que lleve al paradero de los desaparecidos como acto de justicia.
Y es precisamente el sistema de justicia del país quien ha dejado en libertad a los principales responsables de ordenar el aniquilamiento de pueblos enteros, esa misma justicia que sigue persiguiendo indígenas y campesinos en la actualidad.
Paradójicamente el estado ha indemnizado a decenas de miles de patrulleros de autodefensa civil cuya función era coadyuvar y eliminar a sospechosos de pertenecer a la insurgencia, pero para las víctimas la espalda.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
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