Un grupo de activistas guatemaltecos colocó el sábado mantas en el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Poder Ejecutivo del país, en las que se convocaba a no votar en las elecciones generales: “Ninguna opción es buena, revolucionemos el sistema”.
“RIP. Aquí yace el sistema, los símbolos y los personajes políticos traicioneros, sucios y perversos de Guatemala”, se leía en una lápida pintada ante el edificio.
Asimismo, los indignados por el sistema político y la corrupción organizaron en la ciudad capitalina de Guatemala una congregación frente al palacio presidencial, y una marcha con un ataúd demandando una “gran limpieza” en el sistema político en el país.
Manifestantes vestidos de negro, llevaban una ataúd en símbolo de “un sepelio electoral” ante las elecciones que “nacieron muertas” por no augurar cambios de fondo.
En este mismo contexto, la jueza anticorrupción Claudia Escobar explicó el sábado a la agencia rusa de noticias a Sputnik Nóvosti, que “existe una gran frustración de la ciudadanía, porque en el contexto actual de corrupción e impunidad no existen condiciones para la viabilidad de un nuevo gobierno, que va a continuar bajo las reglas de un sistema caducado”.
De acuerdo con la jueza, aun faltan “reformas legales y legislativas profundas” sobre las leyes de partidos políticos, y “la sorpresa de este domingo va a ser el surgimiento de una ciudadanía harta de la corrupción y apática ante las autoridades que resulten de este tipo de elecciones”.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Guatemalteca (CEG) solicitó a toda la ciudadanía participar en el proceso, pero abstenerse de votar por candidatos señalados por corrupción.
En medio de una crisis política, debido a la cual el binomio presidencial electo en 2011, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se encuentran detenidos por un caso de corrupción, más de 7,5 millones de guatemaltecos acudirán el domingo 6 de septiembre a ejercer su derecho a voto para elegir al futuro presidente del país.
Actualmente, Pérez Molina guarda prisión provisional y espera el voto del próximo martes del juez Miguel Ángel Gálvez, para saber si se enfrentaría un proceso penal por haber codirigido, presuntamente, una red criminal de fraude aduanero.
El pasado jueves, después de perder la inmunidad presidencial con el fin de que sea juzgado por corrupción, Pérez Molina presentó su renuncia al cargo, y en la misma jornada, el Congreso del país aprobó la renuncia y convocó al vicepresidente Alejandro Maldonado, para asumir el cargo del presidente interino.
Maldonado debe entregar el poder el 14 de enero próximo a quien resulte electo en las elecciones generales del 6 de septiembre, en las cuales también se elegirán los integrantes de 338 corporaciones municipales, 158 diputados al Congreso y 20 legisladores al Parlamento Centroamericano.
El pasado 21 de agosto, la CICIG solicitó a la Corte Suprema de Justicia la autorización de un proceso que eliminara la inmunidad de Pérez ante indicios de su participación en el esquema de defraudación aduanera.
La CICIG acusaba a Pérez de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como “La Línea”, destapada inicialmente el pasado mes de abril, hecho que había provocado manifestaciones masivas cada sábado, algo inédito en el país centroamericano.
“La Línea” hace referencia a un número de teléfono al que se podía llamar para negociar una alteración en los documentos de los furgones de mercadería importada, con el objetivo de pagar menos impuestos.
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