El tribunal superior de Israel dictaminó el pasado 2 de mayo que el ejército israelí puede expulsar a unas 1300 personas que viven en ocho localidades palestinas en el área conocida como Masafer Yatta, en la ocupada Cisjordania, con la intención de convertir esa zona en un campo de entrenamiento militar.
A través de un comunicado emitido el martes, un portavoz de la Unión Europea recordó que la expansión de los asentamientos ilegales, las demoliciones y los desalojos realizados por el régimen de ocupación de Tel Aviv “son ilegales según el derecho internacional”.
“La UE condena estos posibles planes e insta a Israel a que ponga fin a las demoliciones y los desalojos, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos”, se lee en el texto.
Tal y como enfatiza el bloque comunitario, el establecimiento de una zona de tiro no puede considerarse un “motivo militar imperativo” para trasladar a la población palestina, que ya sufre la ocupación israelí.
Según medios locales, el nuevo plan es la mayor autorización judicial para la expulsión de palestinos de sus viviendas desde que comenzó la ocupación israelí de estos territorios en 1967.
Los palestinos aseguran que han vivido por décadas en la referida área, mientras que Israel sostiene que los actuales habitantes no tienen derechos sobre esa tierra, dado que el ejército israelí la ocupó de forma ocasional durante las migraciones.
El régimen de Tel Aviv ya ha comenzado la limpieza étnica de esta zona de Palestina y decenas de excavadoras militares se han posicionado listas para dar comienzo a la destrucción de cientos de hogares.
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