De nuevo el Gobierno en pleno de la Generalitat y las entidades sociales han arropado a líderes independentistas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En esta ocasión han sido el turno de los exresponsables de las asociaciones municipalistas, Miquel Busch y Neus Lloveras, acusados de desobediencia por potenciar la participación en el referéndum del 1 de octubre.
La causa judicial contra Buch supone la primera abierta contra un actual consejero del Gobierno de Quim Torra y mantiene la dureza contra el soberanismo visualizada en la petición de penas de cárcel de hasta 25 años a los que ya se encuentran en prisión preventiva.
Las organizaciones cívicas han denunciado la falta de separación de poderes en España, ratificada a la misma hora por el Tribunal de Estrasburgo en relación al juicio contra el político vasco, Arnaldo Otegi. Han exigido el fin de la persecución y el archivo de los sumarios abiertos contra 712 alcaldes por el 1 de octubre.
Por su parte, el principal partido unionista en Cataluña, Ciudadanos ha cargado contra los secesionistas y ha defendido la Justicia española.
El independentismo ya ha dejado claro que no dará apoyo a los presupuestos españoles mientras se mantenga la prisión de los líderes independentistas. Esto podría llevar a elecciones en España y quizás también en Cataluña, aunque el Gobierno catalán se ha conjurado a llegar unido hasta la sentencia definitiva contra los presos políticos del próximo junio.
Oriol Puig, Barcelona.
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