El Tribunal ha rechazado este viernes aplicar la denominada “doctrina Botín”, tal como solicitaba la defensa de Cristina de Borbón, y según la cual se hubiera podido liberar al procesado al no mantener la imputación más que la acusación popular.
Vamos a recurrir la decisión de la Audiencia Provincial de Baleares y vamos a defender la inocencia de la Infanta, por supuesto,desde la seriedad y el respeto a todas las instituciones judiciales", ha declarado el abogado defensor de la infanta Cristina, Miquel Roca, tras conocerse el auto de la tribunal.
Tras conocerse este auto judicial, la infanta española deberá volver a sentarse en el banquillo de los acusados a partir del próximo 9 de febrero. El auto no admite recurso alguno.
La Casa Real española se ha limitado a expresar "su absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial".
A la hija del rey emérito Juan Carlos la acusa la acción popular ejercida por el sindicato Manos Limpias, que solicita para ella ocho años de prisión como cooperadora necesaria en dos delitos presuntamente cometidos por su marido Iñaki Urdangarin.
"Vamos a recurrir la decisión de la Audiencia Provincial de Baleares y vamos a defender la inocencia de la Infanta, por supuesto,desde la seriedad y el respeto a todas las instituciones judiciales", ha anunciado la defensa de la infanta.
El abogado defensor Miquel Roca ha detallado que elevará una protesta ante la Audiencia de Palma por considerar que se aparta de la "literalidad de la ley y de la doctrina consolidada y vinculante del Tribunal Supremo".
14 personas están imputadas por delitos de corrupción cometidos a partir de 2010 en el caso Nóos, también conocido como caso Urdangarin. Entre ellos, destacan el propio Urdangarin y su antiguo socio Diego Torres, contra los que pesan cargos de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.
El fiscal anticorrupción española, Pedro Horrach, pidió el pasado 11 de enero en la primera sesión del juicio que se archivara la causa contra Cristina de Borbón, al considerar que se le podía aplicar la doctrina Botín, que establece que no se puede llevar a nadie a juicio por delito fiscal solo con la acción de la acusación popular.
"La Fiscalía, que representa al Estado, y Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen", insistió el fiscal Horrach, quien argumentó que la única acusación al encausamiento es de Manos Limpias.
Lo más sorprendente es que este alegato del representante del Ministerio Público no es habitual y se acerca más al de un abogado defensor que al de un fiscal de Estado.
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