El sábado, se dio un sacudón a la Justicia en El Salvador, tras las destituciones de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia y del fiscal general, Raúl Melara, por la Asamblea Legislativa. Los detractores de estos pasos apuntan el dedo acusador al presidente del país, Nayib Bukele, por maniobrar la estrategia.
Ante los acontecimientos en el país centroamericano, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, alzó la voz para criticar los hechos en un comunicado publicado el domingo.
“Este fin de semana el mundo atestiguó un intento más de las autoridades salvadoreñas de llevar al país a aquellos momentos de su historia donde los derechos humanos eran pisoteados cotidianamente”, resaltó.
A su juicio, la independencia judicial se considera como “un elemento significativo” en la estructura de cualquier gobierno que se dice respetuoso de los derechos humanos, al tiempo que condenó la postura de Bukele de rechazar la supervisión de una comisión internacional.
Por su parte, el destacado historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte en una entrevista concedida a la agencia española de noticias EFE dijo que desde que El Salvador retornó a la democracia en 1982 y entró en vigencia la Constitución de 1983, el país no había experimentado una situación como la vivida en estos días.
Dinarte expresó su esperanza de que haya un rechazo tanto de las entidades civiles como de la comunidad internacional en su conjunto. “El Salvador no es un ente aislado”, insistió.
El pasado 28 de abril, el partido Nuevas Ideas, de Bukele, obtuvo una victoria aplastante en los comicios legislativos, un año después de que miles de los seguidores del presidente le pidieran tomar por la fuerza la Asamblea. Ahora, tiene allanado el terreno para la aprobación de todos sus proyectos en el Legislativo durante los tres años que le restan de mandato, una situación que ha hecho sonar las alarmas, debido al carácter autoritario de Bukele.
tmo/ctl/mkh
