• Soldados del Ejército egipcio vigilan con vehículos blindados la cárcel de Torá en las afueras de El Cairo, la capital, 22 de agosto de 2013.
Publicada: sábado, 25 de mayo de 2019 17:58
Actualizada: sábado, 25 de mayo de 2019 19:55

Unas 762 personas han muerto en las cárceles de Egipto desde 2013, cuando llegó al poder Abdel Fatah al-Sisi, el actual presidente egipcio.

Al Jaliy Al Yadid, organización árabe de derechos humanos con sede en el Reino Unido, ha revelado en un informe publicado hoy sábado que esta cifra es el resultado de la “negligencia médica” y advierte del aumento del número de muertes en las prisiones egipcias.

“Las prisiones en Egipto se han convertido en mataderos para la ejecución de detenidos”, denuncia la oenegé, evaluando la situación actual de las cárceles de “asesinato de prisioneros”.

El informe precisa que solo durante el año en curso se han reportado casi 20 muertes y que 15 eran presos políticos. Al respecto, ha informado de las “presiones psicológicas” a los presos, particularmente contra los presos políticos, y ha criticado las “condiciones inhumanas” en las que las autoridades de las prisiones egipcias están llevando a cabo sus medidas punitivas.

“El tribunal egipcio también encarcela a personas inocentes y rechaza la liberación de los detenidos que se han puesto enfermos”, añade.

Las prisiones en Egipto se han convertido en mataderos para la ejecución de detenidos”, denuncia en un informe la oenegé Al Jaliy Al Yadid.

 

El Gobierno egipcio ha sido criticado ampliamente por no respetar los principios de los derechos humanos. Hay más de 60 000 presos en el país que no cuentan con los estándares de un juicio justo y viven en malas condiciones en las prisiones egipcias.

La Organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció en noviembre del 2018 que decenas de defensores de DD.HH. están detenidos en “lugares desconocidos” en Egipto.

Justificando las medidas con la necesidad de estabilidad, el presidente Al-Sisi ha extendido las competencias de los tribunales militares para juzgar a civiles y permitido encarcelar a miles de opositores en virtud de una represiva ley de protestas. Tras la detención el calvario comienza en las estaciones de la policía.

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