The Washington Post, informó el miércoles que un juez federal de Boston, Estados Unidos, declaró ilegal la política impulsada por la Administración Trump que permitía deportar a migrantes indocumentados hacia países de los cuales no son ciudadanos.
El fallo ordena suspender la aplicación de esa medida y establece que el Gobierno debe otorgar más tiempo para que las personas puedan impugnar sus expulsiones antes de ser trasladadas a un tercer país.
La resolución fue dictada por el magistrado Brian Murphy, quien dejó sin efecto un memorando que autorizaba al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a deportar migrantes a cualquier país con apenas seis horas de anticipación.
Según el juez, esa práctica vulnera garantías básicas del debido proceso.
Murphy sostuvo que el Gobierno debe proporcionar a los migrantes un “aviso significativo antes de la deportación a cualquier tercer país” y permitirles tiempo suficiente para presentar objeciones específicas sobre el lugar de destino.
El magistrado consideró que la política federal no ofrecía mecanismos adecuados para que las personas afectadas pudieran defender sus derechos antes de la expulsión.
El fallo también puso en duda las garantías de seguridad que la Administración aseguraba haber obtenido de los países receptores.
Según el juez, la nueva política “no cumple con el debido proceso” por una serie de razones, entre ellas que nadie sabe realmente nada sobre estas supuestas “garantías” de que los deportados no serían perseguidos en los territorios de destino.
La Administración Trump ha intensificado el envío de migrantes a países distintos al suyo, una medida que busca disuadir la llegada de nuevos solicitantes y agilizar la expulsión de personas difíciles de repatriar por la falta de relaciones diplomáticas o problemas con los documentos de viaje.
Críticos denuncian que la práctica elude órdenes judiciales estadounidenses. “Enviar personas a un tercer país para obligarlas a ser deportadas a un país al que no podemos enviarlas es claramente ilegal”, señaló Scott Shuchart, exfuncionario del ICE en la administración Biden.
Según la ley de inmigración de Washington, los migrantes considerados en riesgo de persecución en sus países solo pueden ser enviados a un tercer país si un tribunal de inmigración emite una orden especial. Un abogado estadounidense afirmó que un tribunal había prohibido previamente a Washington enviar a estos migrantes de regreso a sus países de origen.
De acuerdo con un informe de legisladores demócratas del Senado estadounidense, durante 2025 el Gobierno destinó cerca de 40 millones de dólares para que terceros países aceptaran migrantes deportados.
Entre los Estados mencionados se encuentran El Salvador, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Esuatini y Palaos, lo que había generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos sobre las condiciones y la legalidad de estos traslados.
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