La agencia de noticias Reuters destacó el lunes que “anteriormente, Estados Unidos había aplicado sanciones específicas contra fiscales y jueces seleccionados de la Corte Penal Internacional (CPI), sin embargo, incluir a la propia CPI en estas sanciones representaría una escalada significativa en la estrategia diplomática estadounidense”.
Varias fuentes, hablando bajo condición de anonimato, expresaron a Reuters que se espera una decisión sobre estas “sanciones a entidades” de forma inminente.
En previsión de posibles sanciones, funcionarios de la CPI han convocado reuniones de emergencia para evaluar las posibles repercusiones, mientras se han celebrado conversaciones entre diplomáticos que representan a los Estados miembros de la CPI.
Un funcionario estadounidense confirmó que se están considerando sanciones para toda la entidad, pero no proporcionó detalles sobre el momento oportuno.
Un portavoz del Departamento de Estado acusó a la CPI de ejercer jurisdicción sobre personal estadounidense e israelí e insinuó medidas futuras, aunque se abstuvo de especificar la naturaleza de esas acciones.
“La CPI tiene la oportunidad de cambiar de rumbo mediante cambios estructurales cruciales y apropiados. Estados Unidos tomará medidas adicionales para proteger a nuestros valientes militares y a otras personas mientras la CPI siga representando una amenaza para nuestros intereses nacionales”, declaró el portavoz.
Si se implementan sanciones contra la CPI en su conjunto, las operaciones fundamentales de la corte podrían estar en riesgo, afectando los salarios, el acceso a la banca y el software de oficina esencial.
En vista de esta posible amenaza, se informa que el personal de la CPI recibió salarios adelantados que cubren el resto de 2025.
Esta medida de precaución no tiene precedentes, ya que el tribunal ha pagado anteriormente salarios por adelantado en previsión de sanciones.
Además, la ICC está explorando proveedores alternativos de servicios bancarios y de software para mitigar cualquier interrupción operativa.
La CPI, con sede en La Haya, ha acusado a funcionarios israelíes de alto perfil, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro israelí de asuntos militares Yoav Gallant, por crímenes cometidos durante el genocidio de Gaza.
Estados Unidos ya ha impuesto sanciones a funcionarios judiciales por su papel en estos casos, así como una investigación separada sobre crímenes en Afganistán vinculados a acciones militares estadounidenses.
Mientras Estados Unidos considera intensificar sus acciones contra la CPI, se espera que algunos de los 125 países miembros de la corte expresen su oposición durante la próxima Asamblea General de la ONU en Nueva York. Sin embargo, fuentes indican que Washington sigue dispuesto a intensificar sus sanciones.
Según un diplomático familiarizado con la situación, “el camino de las sanciones individuales se ha agotado. Ahora se trata más de cuándo, y no de si, darán el siguiente paso”.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha calificado anteriormente a la CPI como “una amenaza a la seguridad nacional que ha sido un instrumento para la guerra legal” contra Estados Unidos y su aliado Israel.
La CPI, creada en 2002, opera en virtud de un tratado que le otorga jurisdicción para procesar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Cabe destacar que ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la corte, que reconoce al Estado de Palestina como miembro y afirma tener jurisdicción sobre acciones en territorios palestinos.
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