La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de EE.UU., ha impuesto este martes sanciones a cinco funcionarios venezolanos, acusándoles de violar los derechos humanos o enriquecerse de forma ilícita.
Medios locales han identificado a los sancionados como el almirante Remigio Ceballos, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB); el mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Néstor Neptalí Blanco Hurtado; y el secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, José Ornelas Ferreira.
Carlos Alberto Calderón Chirinos, alto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y Pedro Carreño, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), son otros dos funcionarios a los que les afectan las nuevas sanciones de Washington.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha recurrido a la guerra económica y amenazas intervencionistas en un intento fallido por provocar un golpe de Estado y forzar el derrocamiento de su par venezolano, Nicolás Maduro.
La Casa Blanca ha endurecido, de hecho, sus medidas coercitivas contra el Gobierno legítimo de Venezuela desde enero pasado, cuando el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino del país sudamericano, un acto ilegal que fue reconocido casi de inmediato por Washington.
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Desde entonces, Trump ha impuesto varias rondas de sanciones contra individuos y entidades vinculadas al Ejecutivo de Maduro, además de restringir el comercio de petróleo y oro venezolanos, e impedir el ingreso de medicamentos a Venezuela.
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El Gobierno de Caracas ha tachado de terrorismo económico las sanciones estadounidenses, pues están repercutiendo negativamente en la población. Es más, según un estudio elaborado en abril, las sanciones impuestas desde agosto de 2017 contra Caracas por Washington han ocasionado la muerte de unas 40 000 personas.
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