“Quiero enviar un reconocimiento al canciller Jorge Arreaza que hoy ha sido condecorado con una sanción por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, dijo el viernes Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, en un discurso ofrecido en la clausura de mesas temáticas del Plan del Sistema Hídrico Nacional, desde el estado de Bolívar (sur).
Rodríguez consideró las sanciones estadounidenses contra el canciller venezolano como “el extremo más bíblico de cómo se violenta el derecho internacional”. “Es la vulgaridad más bárbara que podría decirse y señalarse en el marco del multilateralismo”, agregó.
La nación bolivariana seguirá defendiendo su libertad y soberanía frente a presiones de Washington, e incluso convertirá “el bloqueo criminal” del imperio estadounidense en una oportunidad para profundizar los procesos de independencia del país sudamericano, subrayó.
Quiero enviar un reconocimiento al canciller Jorge Arreaza que hoy ha sido condecorado con una sanción por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, señaló la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el viernes de nuevas sanciones financieras a altos responsables del Gobierno venezolano, entre ellos el canciller y la jueza Carol Bealexis Padilla.
El Ministerio venezolano de Exteriores denunció la nueva medida punitiva de Washington contra Caracas y la enmarcó dentro de “la fracasada estrategia” de la Casa Blanca para orquestar un golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro.
Estados Unidos ha endurecido su campaña de presión económica contra Venezuela, en apoyo al conato de golpe de Estado del dirigente opositor Juan Guaidó, que se autoproclamó en enero presidente interino de la República Bolivariana.
Un estudio realizado en abril de este año por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs reveló que las sanciones impuestas desde agosto de 2017 contra Caracas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, han ocasionado la muerte de unos 40 000 personas, al dificultar que los ciudadanos venezolanos accedan a los alimentos y medicamentos necesarios.
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