"Hasta que el Gobierno de Baréin no dé un paso contundente para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y no detenga la represión de la protestas pacíficas, aprovecharé mi escaño en el Senado para oponerme a cualquier intento de levantar la prohibición (de venta de armas)", declaró el jueves el senador demócrata, Ron Wyden.
Hasta que el Gobierno de Baréin no dé un paso contundente para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y no detenga la represión de la protestas pacíficas, aprovecharé mi escaño en el Senado para oponerme a cualquier intento de levantar la prohibición (de venta de armas)", declaró el senador demócrata, Ron Wyden.
El régimen de Al Jalifa comete graves violaciones de derechos humanos, torturas y la persecución de activistas políticos y de derechos humanos, según el informe anual del Departamento de Estado norteamericano, divulgado ayer jueves.
El pasado 15 de junio, la agencia de noticias Bloomberg informó que el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, había anunciado la decisión de Washington de levantar la prohibición de la venta de armas a Manama durante cuatro años, a pesar de los crímenes de lesa humanidad que comete, afirmó Wyden.
Desde el inicio de la revolución bareiní en febrero de 2011, el régimen de Al Jalifa ha encarcelado sin juicio a centenares de activistas que criticaron la situación de los derechos humanos de su país.
Aún así, el pueblo ha mostrado que no tiene miedo a la fuerte represión ejercida por las fuerzas de seguridad y sigue luchando en aras de un país más justo y democrático.
Sin embargo, los bareiníes han venido expresando su rechazo a las políticas injerencistas de Estados Unidos y el Reino Unido en el pequeño país del Golfo Pérsico.
En este sentido, un informe publicado por los Comités de Controles de Exportación de Armas de la Cámara de los Comunes (CAEC, por sus siglas en inglés) reveló en marzo que el Gobierno del Reino Unido, aliado de EE.UU., concedió licencias de venta de armas por valor de 5 mil millones de libras esterlinas a un gran número de países violadores de los derechos humanos, entre ellos Baréin, Catar y Arabia Saudí.
Desde febrero de 2011, los bareiníes protagonizan manifestaciones casi diarias contra la monarquía Al Jalifa, para reclamar, entre otros, el fin del monopolio de poder y la instauración de un sistema constitucional y un poder judicial independiente.
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