Según un comunicado emitido este viernes por la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la represión policial en Ecuador ejercida durante diez días, entre el 3 y el 13 de octubre, contra los manifestantes fue innecesaria y desproporcionada.
La nota suscrita por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, apunta que la actuación de las fuerzas de seguridad de Ecuador ha dejado hasta el momento nueve muertos y más de mil heridos, entre ellos 435 miembros de las fuerzas de seguridad, y así como 1382 detenidos.
La nota recoge además que, de acuerdo con las denuncias recogidas por la misión de la ONU en ese país, se queda claro que muchas de las detenciones registradas se dieron de forma arbitraría.
Bachelet en su carta ha señalado que las protestas “tuvieron un alto coste humano” y que las personas deberían haber podido expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas.
La funcionaria también ha instado a todos los actores en Ecuador a “entablar un diálogo para prevenir nuevos conflictos y forjar una sociedad incluyente y pacífica con pleno respeto por su naturaleza multicultural”.
En otra parte del comunicado se lamenta que la actividad represiva de los agentes del orden contra manifestantes “no se ajustó a las normas”.
Asimismo, el organismo agrega en su texto de que durante las protestas también hubo “individuos no identificados, ajenos a los organizadores de las protestas, incitaron a la violencia o realizaron actos violentos”.
Las protestas se iniciaron tras el anuncio del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles domésticos y el transporte público.
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Las autoridades políticas en Ecuador también criticaron las medidas económicas de Moreno, advirtiendo que “¡Se cae el paquetazo o se cae el Gobierno!”.
En una serie de medidas controversiales ante las manifestaciones, Moreno decretó el estado de excepción en todo el país y mudó la sede presidencial de Quito a la ciudad de Guayaquil.
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