El denominado código de Entidades de Seguridad Ciudadana, busca delimitar y fortalecer a los miembros de la fuerza pública del país, sin embargo el tema más controversial es la creación de un servicio civil y armado, exclusivo para la protección presidencial y de altos funcionarios, lo que mantiene enfrentados a opositores y oficialistas.
Para el asambleísta opositor, Diego Salgado, armar a civiles va en contra de la constitución, que reconoce dos entidades como fuerza pública, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El asambleísta del Movimiento CREO dice además que serían miembros armados en la sociedad, sin control.
Esta ley sería aprobada en pocos días, como compromiso de la Asamblea Nacional (AN) saliente, los detalles se afinan en la Comisión de Relaciones Internacionales, Soberanía y Seguridad Integral, donde se registraron incidentes por parte de la minoría opositora, mientras varios partidarios gritaban consignas fuera del recinto.
Según el código en debate, este cuerpo de protección especializado, podría proporcionar de ser necesario, sus servicios, a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos hasta por un período de un año.
Robinson Robles, Quito.
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