La investigación que lleva la fiscalía general de la nación ronda en primera instancia unos 500 mil millones pesos colombianos, más de 115 millones de dólares, que se pagaron en coimas y sobornos de los recursos que aprueba el sistema general de regalías OCAD Paz.
En varios escenarios nacionales e internacionales los desmovilizados de las FARC habían denunciado que estos millonarios recursos no se veían materializados en los municipios.
En este posible hecho de corrupción están inmersos funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría, contratistas y políticos regionales, por eso tiene que haber responsables políticos por acción u omisión.
El problema es de tal magnitud que ya la Corte Constitucional abrió indagatoria a tres congresistas del partido conservador por estar presuntamente involucrados en el desvío de estos dineros para la paz.
Álvaro Altamiranda, Bogotá.
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