• Vista de una sesión del Congreso de Chile, en la ciudad de Valparaíso.
Publicada: jueves, 19 de diciembre de 2019 22:44

El Congreso de Chile ha iniciado este jueves el proceso para cambiar la Constitución, con la aprobación de la convocatoria de un plebiscito en abril de 2020

“Aquí se hace realidad el acuerdo”, ha dicho la senadora democratacristiana Carolina Goic, luego de que los legisladores aprobaran una reforma legislativa para la celebración de un plebiscito en abril próximo a fin de sustituir la Carta Magna vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Sin embargo, Goic lamentó que “se perdió una oportunidad” de incorporar la paridad de género. Esto, debido a que los senadores rechazaron el pedido de la oposición sobre paridad de género, facilidades para la representación de independientes y cuotas para los pueblos indígenas en la conformación de una eventual Convención Constituyente. 

Las protestas en Chile, que ya cumplen más de 2 meses, comenzaron el 17 de octubre debido a la subida de las tarifas del metro en Santiago, pero luego se convirtieron en un estallido social que al unísono exigía la salida del mandatario chileno, Sebastián Piñera, y una nueva Constitución que cambie la redactada en la época dictatorial de Pinochet.

En este contexto, los principales partidos de la oposición y la coalición del Gobierno derechista acordaron realizar un plebiscito a fin de dotar al país austral de una nueva Constitución, para ello, firmaron el “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución”.

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El plebiscito de abril tendrá dos preguntas a los ciudadanos: deberán resolver si desean o no una nueva Constitución y, en la segunda, tendrán que pronunciarse sobre qué tipo de órgano debiera redactarla. De hacerse realidad, será la primera vez en la historia que Chile tendrá una Constitución discutida en democracia.

La actual Constitución chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces, se considera herencia de la era del dictador Pinochet. Además, consolida un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos, que justamente es uno de los motivos de las protestas.

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