El viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, Nelson Cox, confirmó el martes que el Ejecutivo estudia, junto a la Procuraduría General de Bolivia, la posibilidad de abrir procesos penales en el exterior contra “altas autoridades” de otros países y organismos internacionales por su supuesta participación en el golpe contra el Gobierno de Morales.
“Tienen que esclarecerse las responsabilidades, responsabilidad nacional e internacional”, indicó el funcionario boliviano en una entrevista con la cadena local Red Uno.
Cox dejó claro que la impunidad no puede tener lugar incluso si los involucrados son altas autoridades de otros países o actores de la política internacional.
Además, continuó, junto a los países que están involucrados en el caso, también existen escenarios multilaterales y bilaterales. A modo de ejemplo, mencionó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), que “han sido detractores de la democracia” y “se han vinculado para respaldar lo que ha sido una ruptura de un escenario democrático”.
¿Cómo sucedió el golpe de Estado de 2019 en Bolivia?
El golpe de Estado contra Morales tuvo lugar en noviembre de 2019 por la oposición boliviana, respaldada por el Occidente, que desconoció la reelección del exmandatario en los comicios presidenciales de ese mismo año.
Morales dimitió, como él mismo dijo, “para preservar la paz”, tras semanas de violentas protestas de la oposición. Tras su dimisión, el gobierno de facto de Jeanine Añez se autoproclamó, lo que desató protestas de los partidarios de Morales a lo largo del país, pero las manifestaciones fueron reprimidas brutalmente y dejó como saldo más de 30 personas muertas y 800 heridas.
Tras esa crisis postelectoral, se realizaron otras elecciones presidenciales el pasado 18 de octubre. Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) —partido de Morales—, ganó estos comicios y se convirtió en el presidente del país.
Entretanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció el pasado 8 de julio que el entonces Gobierno argentino de Mauricio Macri envió armas al país vecino que se usaron durante las protestas de 2019 para reprimir a las manifestantes.
Mayta sostuvo que existe la posibilidad que otros países latinoamericanos también estén involucrados en envíos de armamentos a Bolivia. Además, no descartó que La Paz recurriese a instancias internacionales por este caso, aunque dijo que por el momento lo revisarán en los tribunales nacionales.
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