El creciente número de ataúdes y cuerpos en las calles de Bolivia debido a la incapacidad del gobierno de Áñez ante el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, revela el colapso del sistema sanitario en el país boliviano.
La pandemia ha llevado a los desesperados familiares de las víctimas a dejar sus cuerpos en las calles de Cochabamba, en el centro de Bolivia, ante la falta de medios y protocolos para sepultarlos, así que las escenas de cuerpos forrados con plástico negro frente a casas o ataúdes abandonados se han convertido en las últimas semanas en una penosa cotidianidad para los habitantes de la región.
De acuerdo con las autoridades bolivianas, a diario recogen entre 14 y 23 cadáveres de casas o espacios públicos, de personas que se sospecha fallecieron a causa del virus mortal debido a los síntomas que presentaron.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Funerarias de Cochabamba, Juan Carlos Orellana, aseguró el viernes “aunque el territorio cochabambino, con una población de dos millones de habitantes, no es el que reporta más contagios, los cadáveres permanecen en sus domicilios entre 20 y 30 días y la cifra va en aumento”.
Esos comentarios se producen mientras el jefe nacional de Epidemiología, Virgilio Prieto, advirtió sobre “malas consecuencias de tal situación en el futuro” y señaló que “es probable que si no tomamos medidas radicales la situación puede ser mucho más explosiva y grande, y podemos llegar al pico más alto en septiembre y no en julio o agosto como estimábamos”.
Según las últimas cifras proporcionadas en el portal de estadísticas mundiales Worldometers, hasta la fecha, hay 45 565 personas contagiados por la COVID-19 en Bolivia, de las que 1702 han muerto.
En medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, abundan las críticas por la mala gerencia del gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Por su parte, el depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó, a su vez, al gobierno de facto por expulsar, tras su salida del poder, a las brigadas de médicos cubanos que llegaron durante su gestión.
La autoproclamada presidenta se le critica por autorizar la asignación de más de 5 millones de dólares para comprar agentes químicos a fin de reprimir las manifestaciones en su contra, en vez de invertir en el sector de la salud en plena pandemia.
Áñez, de igual modo, es censurada por seguir rechazando la ayuda solidaria médica que pueden brindar Cuba y China en la lucha contra el coronavirus y preferir ganar privilegios en las diferencias ideológicas frente a la salud de su pueblo.
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