“Esta medida es una evidencia más del golpe de Estado continuado contra el pueblo boliviano, fundada en razones políticas y en modo alguno en razones técnicas o jurídicas”, denunció la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) en un comunicado publicado el sábado por el canciller venezolano, Jorge Arreaza.
Los miembros de la Alianza hicieron un llamado a la comunidad internacional a “denunciar esta arbitraria e injustificada medida que atenta contra la libertad del proceso electoral” en Bolivia.
Según el bloque regional, el objetivo de este proceder es “impedir que a través del voto quede demostrado el amplio respaldo con el que cuenta” el depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, entre el pueblo boliviano.
#COMUNICADO | Los países del ALBA-TCP denuncian la medida del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia en la que se inhabilita al Presidente, compañero, Evo Morales Ayma, como candidato al Senado boliviano en las elecciones generales del próximo 3 de mayo. pic.twitter.com/uNCARUtuzU
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 22, 2020
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, cuyo presidente, Salvador Romero, fue designado por el gobierno de facto boliviano, inhabilitó el jueves la candidatura al Senado de Morales, así como del que fuera su canciller, Diego Pary, alegando que ambos no cumplen con el requisito de “residencia permanente” en la jurisdicción del país al que buscan representar.
Mientras tanto, tras el golpe de Estado que llevó a Morales a renunciar el 10 de noviembre de 2019, sigue en curso la persecución política de los exministros del mandatario indígena, sus correligionarios del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y sus excolaboradores, de los cuales decenas fueron acusados o detenidos y procesados por supuestos delitos que van desde corrupción hasta sedición y terrorismo.
El viernes, el que fungiera como ministro de Desarrollo Rural y Tierras del Gobierno de Morales, César Cocarico, fue detenido por orden fiscal, acusado de incumplimiento de sus deberes.
El gobierno de facto, que lidera la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez, ha convocado elecciones para el 3 de mayo, unos comicios en los que también ella misma participa como candidata pese a que algunos dudan de que sea legal, dado que, si bien un presidente “electo” puede ser candidato a la reelección, ella no llegó al poder en las urnas, sino al activar el mecanismo sucesorio tras la salida forzada de Morales.
Conforme a Morales, el gobierno de facto sigue con su política de presión y persecución de los militantes de su partido con el objetivo de “acallar nuestra voz”. Pese a estas políticas, el MAS es el partido que lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones generales, de acuerdo con el último sondeo realizado.
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