“Las cuentas no cierran por ningún lado y en Estados Unidos se investiga al fiscal Nisman por lavado de dinero y por sobornos”, aseguró el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, citado el domingo por el diario local Página 12.
Las cuentas no cierran por ningún lado y en Estados Unidos se investiga al fiscal Nisman por lavado de dinero y por sobornos”, aseguró el juez federal Rodolfo Canicoba Corral
Según el magistrado, los movimientos de dinero de la cuenta del fiscal fallecido no tienen relación con sus ingresos oficiales.
La decisión fue adoptada luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF) de Estados Unidos- Finantial Crime Enforcement Network (Fincen, por sus siglas en inglés)- en sus recientes investigaciones sobre los titulares de la cuenta del Merrill Lynch informara la presunta existencia de lavado de dinero o sobornos.

El organismo apostilló que Nisman, muerto el pasado 18 de enero de un disparo en la cabeza, ocultó su carácter de fiscal y no se presentó como titular de la cuenta sino como abogado.
El reporte reveló que en el listado de los movimientos “sin explicación” figura un nuevo nombre, el de Rodrigo Martín Ferreiros, como titular de la empresa de Hong Kong Rodfa Limited, quien depositó 135.000 dólares a Nisman en la cuenta de Nueva York.
Tras el informe, el juez argentino pidió también hacer indagaciones a la madre y a la hermana de Nisman, y también a su exauxiliar, el informático Diego Lagomarsino.

La semana pasada, otro estudio realizado en el país norteamericano aclaró que la cuenta bancaria abierta a nombre del fiscal argentino “evidencia actividad sospechosa”, dado que registra un total de más de 600.000 dólares en concepto de transferencias.
Nisman estaba acusado de usar fondos públicos y sobre él pesaban acusaciones de mantener estrechos vínculos con los servicios norteamericanos: documentos publicados en 2010 por Wikileaks revelan sus contactos con personal de la embajada de EE.UU. en Buenos Aires, capital argentina.
Él fue encargado del caso del atentado en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y más de 300 heridos el 18 de julio de 1994, y durante sus investigaciones sobre este expediente acusó a la mandataria de Argentina, Cristina Fernández, y al canciller Héctor Timerman de encubrir evidencias sobre el caso.
Sin embargo, el pasado mes de febrero esta denuncia de Nisman contra el Gobierno de Buenos Aires fue desmentida por el juez de primera instancia Daniel Rafecas, debido a la “inexistencia de delito y de pruebas”.
La presidenta Cristina Fernández ha denunciado que la muerte del fiscal del caso AMIA no fue un suicidio, sino una operación contra el Gobierno, y que a Nisman le plantaron pistas falsas para que denunciara al Gobierno.
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