Los decretos presidenciales corren con el viento desde la Casa Rosada en Argentina, convirtiendo al Congreso Nacional en una postal de verano.
Se trata de quitarle los bienes a personas que el Gobierno considere sospechosas, incluso antes de que sean sometidos a juicio. Para los especialistas en la Constitución, se trata de un “engendro jurídico”.
El actual Gobierno de Mauricio Macri tampoco parece respetar los tiempos y procesos del Poder Judicial. Paradójicamente, es la familia del presidente, una de las que mayor cantidad de denuncias tiene por enriquecimiento ilícito.
Sebastián Salgado, Buenos Aires.
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