La represión y el hostigamiento del que son objeto los disidentes, activistas de derechos humanos y críticos independientes siguen “en plena vigencia” en Arabia Saudí, a pesar de la puesta en libertad de algunas figuras destacadas a principios de 2021, como Loujain al-Hathloul, alertó la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en un comunicado emitido el sábado.
En la nota se señala que, si bien las autoridades saudíes han puesto en libertad a algunos activistas, incluidas Al-Hathloul y la periodista Nouf Abdelaziz, ellas y otros activistas siguen sujetos a restricciones que les impiden expresarse sin temor a represalias, además de que no pueden abandonar el reino árabe.
“La puesta en libertad de varios activistas por parte de Arabia Saudí no indica un debilitamiento de la represión cuando el tribunal de terrorismo del país está emitiendo sentencias de 20 años por críticas pacíficas”, indicó Michael Page, subdirector para Asia Occidental de HRW, en el texto informativo.
Page precisó que es posible que las autoridades saudíes hayan dejado en libertad a algunas personas para rebajar la presión internacional, no obstante, agregó, este gesto de cara a la galería no pude maquillar la verdadera actitud represiva de los Al Saud hacia los disidentes, que “sigue siendo la misma de siempre”.
El documento anota que la persistente campaña de represión de las autoridades saudíes hacia los críticos del reino árabe se refleja claramente en las sentencias dictadas contra tres activistas en marzo y abril, y a largas penas de prisión por cargos relacionados con su disidencia y manifestaciones pacíficas.
Abdelrahman al-Sadhan y Mohamad al-Rabia, sentenciados a penas de 20 y 6 años de prisión, respectivamente, por un tribunal creado en 2008 para juzgar a supuestos terroristas, son dos de los tres condenados mencionados en el reporte.
De acuerdo con HRW, que cita a fuentes próximas a ambos reos, Al-Sadhan, de 37 años, condenado por publicar sus opiniones en Twitter, al igual que Al-Rabia, “fue torturado y obligado a firmar una confesión falsa”.
En el caso de Al-Rabia, desglosa que las autoridades penitenciarias le torturaron durante meses, incluso con descargas eléctricas, agua y palizas. “Lo mantuvieron en espacios pequeños, sin dormir ni descansar durante varios días seguidos, lo colgaron boca abajo y, a menudo, lo privaron de comidas durante su primer año de detención”, recoge el informe.
Diversas organizaciones globales defensoras de los derechos humanos han alertado, en reiteradas ocasiones, de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que se cometen en Arabia Saudí con la total impunidad que le otorga la comunidad internacional, encabezada por su principal aliado, EE.UU.
De hecho, el Gobierno de Riad ejecutó, detuvo y torturó a un gran número de activistas y disidentes durante la anterior Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, que optó por inhibirse ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos cometidas por su aliado árabe a cambio de millonarios acuerdos de venta de armas, un equipamiento militar que el reino árabe sigue usando de forma indiscriminada contra la población de Yemen.
En este contexto, tampoco se queda atrás la Administración del actual presidente de EE.UU., Joe Biden, la cual rehusó en marzo sancionar al príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman Al Saud, por su implicación directa en el asesinato del periodista y disidente Jamal Khashoggi, a pesar de que un informe de la Inteligencia estadounidense le señalaba como el autor intelectual del macabro homicidio ocurrido el 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí en la ciudad turca de Estambul.
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