• El presidente ruso, Vladímir Putin (izda.), y su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa
Publicada: miércoles, 19 de julio de 2023 6:04

El presidente sudafricano alerta que detener a su par ruso, Vladímir Putin, si visita Johannesburgo, sería considerado por Moscú “una declaración de guerra”.

Cyril Ramaphosa pidió el martes a la Corte Penal Internacional (CPI) que exima a Sudáfrica de arrestar a Putin en caso de que asista a la cumbre BRICS, un grupo de cinco grandes potencias emergentes (Sudáfrica, Brasil, China, India y Rusia) prevista del 22 al 24 de agosto en Johanesburgo.

“Rusia ha dejado claro que arrestar al presidente en funciones sería una declaración de guerra. Sería incompatible con nuestra Constitución arriesgarse a ir a la guerra con Rusia”, aseguró el mandatario de Sudáfrica, que rechaza condenar a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania y aboga por una solución dialogada.

De esta forma, Ramaphosa trata de aclarar la apelación del principal partido de oposición, la Alianza Democrática (DA), para obligar a Sudáfrica, como firmante del Estatuto de Roma, a arrestar a Putin una vez que llegara a su territorio y entregarlo a la CPI.

 

El tribunal de La Haya emitió una orden de arresto internacional contra Putin para juzgarlo por crimen de guerra, consistente en una supuesta deportación de menores ucranianos al territorio ruso.

A finales de mayo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudáfrica garantizó la inmunidad diplomática de los asistentes a la cumbre, lo que podría abrir el camino a la presencia del mandatario ruso.

Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, criticó la orden contra Putin, diciendo que el Gobierno de Ramaphosa está preocupado por el “doble rasero” de la corte internacional que, según dice, tiende a apuntar a algunos líderes y hacer la vista gorda a otros.

No es la primera vez que la CPI presiona a Sudáfrica para que arreste a un jefe de Estado extranjero. Lo mismo sucedió en 2015, cuando Pretoria no cumplió con la orden de arresto emitida contra el entonces presidente sudanés Omar al-Bashir, a pesar de que una orden judicial local ordenaba su arresto.

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