En su más reciente informe, el organismo ha concluido que fuerzas vinculadas al nuevo gobierno sirio, liderado por Hayat Tahrir al-Sham, y grupos aliados han perpetrado crímenes de guerra, tras una campaña de violencia “sistemática” contra los alauitas, comunidad a la que pertenece el derrocado expresidente Bashar al-Asad.
Según el documento, alrededor de 1400 personas —en su mayoría civiles— han muerto en ataques registrados en zonas costeras, donde se ha concentrado la ofensiva contra esta minoría. También se han reportado violaciones graves como secuestros.
“La magnitud y la brutalidad de los hechos documentados en nuestro informe son profundamente perturbadoras”, ha afirmado Paulo Sérgio Pinheiro, presidente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria, en un comunicado que acompaña el informe.
El equipo de Naciones Unidas ha documentado asesinatos, torturas y tratos inhumanos relacionados incluso con la manipulación de cadáveres.
El reporte, de 56 páginas, se ha sustentado en más de 200 entrevistas a víctimas y testigos, además de inspecciones a tres fosas comunes.
La mayoría de las víctimas han sido hombres alauíes de entre 20 y 50 años, aunque también se han registrado mujeres y niños asesinados, algunos de apenas un año de edad. En varios casos, los atacantes —que iban casa por casa buscando miembros de la minoría— han grabado las ejecuciones.
El informe no cubre todos los episodios, ya que los incidentes en Homs, Latakia y Tartus aún han quedado pendientes de investigación. La comisión, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, ha reconocido los esfuerzos del gobierno interino por identificar a los responsables, pero ha advertido que la magnitud de la violencia exige medidas adicionales.
Los ataques en la costa han representado la peor ola de violencia registrada en Siria desde la caída de Al-Asad el año pasado, lo que ha llevado a las autoridades de facto a conformar un comité de investigación.
La ONU ha condenado esta escalada y ha instado a las autoridades sirias en Damasco a exigir responsabilidades a miembros de las fuerzas de seguridad y defensa implicados en ejecuciones extrajudiciales, advirtiendo que la impunidad podría desestabilizar aún más la frágil transición política del país.
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