El Ministerio Público anunció que pronto solicitarán “información clasificada” con el fin de hallar evidencias que revelen cómo fue el accionar de la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo, respecto a las movilizaciones de inicios de año, las cuales dejaron 61 fallecidos.
Las investigaciones contra Boluarte por las muertes en las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de este año retoman su curso de forma pausada. Aunque la presidenta pidió perdón a los deudos y afirmó que se someterá a la justicia, los familiares de las víctimas no están dispuestos a aceptar las palabras de reconciliación de la jefa de Estado.
El perdón de Dina Boluarte no es aceptado por los deudos debido a que, anteriormente, el Gobierno intentó deslegitimar las protestas calificándolas como actos terroristas.
Gran parte de la población peruana asume que la Fiscalía y el Ejecutivo tienen un vínculo muy cercano, por lo creen que las investigaciones contra Boluarte no lograrán su objetivo y no habrá justicia para las víctimas.
Aunque el Gobierno haya otorgado beneficios económicos a más de 100 deudos, las investigaciones por las muertes en las protestas aún no avanzan como corresponde.
Aarón Rodríguez, Lima.
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