En 2013, el Gobierno golpista de Egipto creó el llamado Ministerio de Justicia Transicional. Su cometido era el de elaborar leyes para investigar y juzgar los crímenes de la dictadura y asegurar una reconciliación nacional.
Tras sufrir dos cambios en su nomenclatura, la cartera se conoce ahora como Ministerio de Asuntos Parlamentarios, haciendo surgir más dudas sobre el destino de la Justicia Transicional en el país.
En su sesión inaugural, el Parlamento egipcio debería haber aprobado una Ley de Justicia Transicional en función de lo dispuesto en la Carta Magna. El texto no se discutió ni en la apertura ni en posteriores encuentros.
La impunidad es la tónica dominante en los crímenes cometidos por el régimen del exdictador egipcio Hosni Mubarak. También en asesinatos posteriores a manos de la policía como el que acabó con la vida de la activista Shaimaa al-Sabbagh.
Si la reconciliación nacional entra en los planes del Ejecutivo actual este no ha dado ningún paso notable en dicha dirección. Es evidente que el entendimiento con los Hermanos Musulmanes (HHMM), a quienes las autoridades listaron como grupo terrorista, es ajena a sus planes. Sus líderes, militantes de base y supuestos partidarios abarrotan las prisiones del país.
En materia de Justicia Transicional, la oposición egipcia lo tiene claro: no es razonable, dicen, esperar que quien luche por ella sea un Gobierno que ha surgido tras un golpe de Estado y que mantiene acorralada a la disidencia política.
Rocío López, El Cairo.
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