El representante permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mayid Tajt Ravanchi, precisó el lunes que el país persa ha estado durante décadas bajo las sanciones económicas y financieras más severas impuestas por Estados Unidos, lo que consideró un hecho sin precedentes en la historia.
Agregó que estas medidas, cuya ilegalidad ha sido reconocida por el relator especial de la ONU, han afectado directamente a la vida de los ciudadanos más vulnerables de Irán, incluidos menores de edad, ancianos y enfermos. “Es un hecho triste que algunos pacientes, incluidos niños con enfermedades raras, hayan perdido sus preciosas vidas como resultado de las sanciones a la importación de medicamentos y equipos médicos”, criticó.
El diplomático recalcó que ninguna de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas puede interpretarse como un permiso para las acciones coercitivas unilaterales contrarias a los principios generales del derecho internacional y de la prohibición de intervenir en los asuntos internos de otros países o violar su soberanía.
Sanciones unilaterales causan muertes y sufrimientos generalizados
En este contexto, subrayó que la imposición de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) equivale a un “castigo colectivo” y causa muertes y sufrimientos generalizados entre personas inocentes, por lo que inflige una clara violación de la Carta de la ONU y va más allá de la autoridad del Consejo.
“Es lamentable que la autoridad del Consejo de Seguridad haya sido abusada repetidamente por algunos países que, por sus intereses políticos ilegítimos, ven las sanciones como su medio preferido para ejercer la máxima presión sobre otros países, especialmente contra los países en desarrollo”, fustigó Tajt Ravanchi.
EE.UU., bajo el mandato del expresidente Donald Trump, abandonó en 2018 el acuerdo nuclear con Irán, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés) y reimpuso todas las sanciones que se habían levantado en virtud del pacto firmado en 2015 e impulsó una campaña de “máxima presión” para obligar a Teherán a sentarse en la mesa de diálogo y rehacer uno nuevo.
Irán categoriza las sanciones estadounidenses como un acto de guerra y de terrorismo económico y ha pedido una y otra vez a la comunidad internacional que actúe contra la flagrante violación de los derechos humanos que representa el bloqueo de EE.UU.
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