"Nos preocupa la inseguridad jurídica que puede estar pasando con los ciudadanos de a pie, que a partir de ahora ya no haya el concepto de la cosa decidida y cosa juzgada", declaró el jueves el mandatario peruano durante un acto público.
Nos preocupa la inseguridad jurídica que puede estar pasando con los ciudadanos de a pie, que a partir de ahora ya no haya el concepto de la cosa decidida y cosa juzgada", declaró el presidente peruano, Ollanta Humala, en una actividad pública.
El miércoles, el Tribunal Constitucional del Perú (TC) emitió un fallo que permite a la fiscalía de lavado de activos continuar investigando a Heredia, pese a que su defensa insistió en que el tema por el que se le acusa ya había sido investigado y archivado en 2011.
Una vez conocida la decisión judicial, la presidenta del oficialista Partido Nacionalista Peruano (PNP) declaró sentirse "decepcionada" y "desamparada con la justicia, porque ha desatendido sus funciones constitucionales".
En este sentido, la primera dama peruana criticó el fallo por haberse emitido en un tiempo muy corto e inusual, ya que los magistrados del máximo tribunal peruano debían leer un expediente de más de 20.000 folios.
"La justicia que tarda, no es justicia, y la justicia atolondrada, tampoco lo es", refutó Humala, en evidente referencia a la situación de su esposa.
La Fiscalía acusó a Heredia de no haber justificado ingresos por unos 215.000 dólares entre 2005 y 2009, lapso en el cual Humala recibió financiamiento de empresas venezolanas, aunque el propio gobernante ha descartado cualquier ilegalidad, asegurando que se trataba de donaciones formales para su campaña.
Por otra parte, la líder de PNP también es investigada por el contenido de unas agendas que serían de su propiedad y en las que están consignados montos y transferencias de dinero presuntamente referidos a la campaña electoral de su esposo.
Las tensiones por este caso han aumentado luego de la destitución, el 20 de octubre, de la fiscal Julia Príncipe, que investigaba a Heredia, que a su vez, provocó renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Gustavo Adrianzén.
Mientras Perú se prepara para celebrar elecciones presidenciales en abril de 2016, un sondeo nacional muestra que la desaprobación del presidente Ollanta Humala, ha subido hasta alcanzar el 80 % en los primeros días de octubre.
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