Una investigación colaborativa de periodistas independientes que profundiza sobre las irregularidades de la minería en Panamá y Costa Rica vincularía a funcionarios del actual gobierno con empresas proveedoras de Minera Panamá, la compañía cuyo contrato fue declarado como inconstitucional en noviembre de 2023.
El informe también aborda cientos de daños ambientales durante los años de operaciones mineras y negociados en la adjudicación de tierras que terminaron en manos de la concesionaria y cuyas ventas continuaron incluso después del fallo de la Corte.
Estos datos dan luz sobre las intenciones de quienes promueven la reapertura de la mina a pesar del rechazo popular, los fallos de inconstitucionalidad y el impacto ambiental.
John Alonso, Ciudad de Panamá.
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