Según explica el analista internacional Julio Yao, la presencia militar estadounidense en Panamá se encuentra respaldada en los acuerdos Arias-Calderón-Hinton de 1991 y Salas-Becker de 2002, este último violatorio de la Constitución Nacional al no haber sido ratificado por el parlamento panameño.
Estos acuerdos permiten el ingreso a Panamá de funcionarios, equipamiento y vehículos de 16 agencias federales de Estados Unidos, con beneficios incluidos.
Además explica que no hay manera de tener presencia militar extranjera en el país, sin violar el Tratado de Neutralidad del Canal.
Ante este cúmulo de transgresiones, los movimientos sociales han sido claros en su rechazo a los 415 agentes de las Fuerzas Armadas norteamericanas que estarían en Panamá entre los meses de enero y junio de 2018.
John Alonso, Ciudad de Panamá.
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