Organizaciones populares y sindicales convocaron a una protesta por los escándalos de corrupción que involucran al gobierno panameño actual y administraciones anteriores, y para exigir una nueva Constitución que acabe con dicha crisis institucional.
En tanto, en la Asamblea Nacional de Diputados se instaló una comisión de fiscalización administrativa, que investigará las contrataciones públicas de infraestructuras realizadas durante las tres últimas administraciones del Estado.
Mientras la Asamblea investiga las contrataciones públicas de los últimos 13 años, la Contraloría General de la República (CGR) audita donaciones y contratos realizados por los diputados, frente a denuncias por malversación de fondos públicos.
Los manifestantes exigen que se llame a una Asamblea Constituyente originaria, con plenos poderes para el pueblo, y aseguran que mantendrán los llamados de protesta hasta conseguirlo.
Sara Morales Gallego, Panamá.
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