“Una oligarquía nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales de Perú (...) y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo, y un Congreso también”, ha denunciado este lunes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia de prensa diaria.
López Obrador se ha referido a la actual crisis en Perú y la ha comparado con lo sucedido en el país azteca durante “el periodo neoliberal”, cunado también se realizaron reformas constitucionales en favor de una minoría rapaz durante 36 años para así darles los bienes públicos y la nación a empresas nacionales y extranjeras.
En este contexto, ha condenado el silencio de entes internacionales, incluidos la Organización de los Estados Americanos (OEA) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante lo que ha calificado de “una gran injusticia”, reiterando que irrespetaron en Perú la voluntad popular tras destituir al expresidente, Pedro Castillo.
“Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo porque no se respetó la libertad del pueblo del Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo, y luego al establecer de facto un Gobierno autoritario y represor”, ha señalado.
Sus comentarios se producen en medio de una alta tensión entre México y Boluarte. El sábado, el Gobierno peruano anunció reducir el nivel de las relaciones bilaterales a encargado de negocios, tras retirar a su embajador en México, Manuel Gerardo Talavera, eso en reacción por declaraciones del presidente mexicano, quien había tildado a Boluarte de “presidenta espuria” con el 85 % de desaprobación.
Antes, el 21 de diciembre de 2022, el Gobierno peruano declaró persona no grata al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país, después de que el Gobierno de López Obrador otorgara asilo a la esposa y dos hijos de Castillo.
Desde diciembre, Perú es escenario de protestas de la ciudadanía que exigen la salida de Boluarte y de los miembros del Congreso, el adelanto de elecciones generales y el establecimiento de una Asamblea Constituyente. En el contexto de las protestas, han muerto al menos 60 personas por actos de represión.
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