El Centro de Medios de la Judicatura informó del hecho el lunes y señaló que las incautaciones se llevaron a cabo en los últimos meses mediante órdenes judiciales y en virtud de una ley que establece penas más severas para los delitos de espionaje y colaboración con regímenes hostiles contra la seguridad y los intereses nacionales de Irán.
Según el informe, estas personas habían colaborado con los regímenes en cuestión y contribuido a causar graves daños a infraestructuras y lugares públicos, entre ellos escuelas, universidades, centros de investigación, instalaciones industriales y otros emplazamientos.
La ley, denominada oficialmente “Ley para el endurecimiento de las penas por el delito de espionaje y colaboración” con regímenes hostiles, contempla severas sanciones para delitos como el sabotaje, la recopilación de información de inteligencia y la colaboración cibernética, militar o mediática.
En relación con la incautación de bienes, el portavoz de la Judicatura, Ali Kazemi, afirmó que “estos bienes pertenecen al pueblo iraní”, y añadió que la Judicatura dará seguimiento al caso para garantizar que sean utilizados para compensar a las víctimas por las pérdidas sufridas.
Según el portavoz, algunos de los bienes incautados pertenecían a los llamados periodistas que trabajan para medios contrarrevolucionarios, entre ellos “Iran International y Manoto”, así como a activistas, directivos de medios hostiles y conocidos traidores radicados en el extranjero.
La Judicatura citó como ejemplo un caso que recientemente concluyó con una sentencia firme y que involucra a Sadeq Saedinia, quien anteriormente se dedicaba al sector de la hostelería.
Según la Judicatura, Saedinia publicaba historias en las redes sociales y se hacía eco de llamamientos a acciones subversivas formulados por grupos contrarrevolucionarios y hostiles. La Judicatura determinó que el acusado se había alineado con el enemigo y que, al incitar a sus seguidores, contribuyó a generar las condiciones para los disturbios en la ciudad sagrada de Qom, en el centro-norte de Irán, y la posterior destrucción de bienes públicos y privados durante los disturbios respaldados desde el extranjero en diciembre pasado.
Saedinia fue condenado a 12 años, seis meses y un día de prisión, además de la incautación de sus bienes, por actividades de agitación dirigidas contra la seguridad del país en favor de grupos hostiles.
Mientras tanto, la Judicatura informó de que 182 cuentas bancarias pertenecientes a los colaboradores habían sido congeladas en todo el país, mientras que se habían realizado más de 2000 consultas al Banco Central en relación con sus cuentas.
hnb
