El pasado viernes José de la Mata, magistrado de la Audiencia Nacional de España, pidió a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que le comunicaran la posible entrada de Netanyahu y otros seis exministros israelíes contra los que se dirige una querella por el ataque, en 2010, a la 'Flotilla de la Libertad', que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y en la que viajaban tres españoles.
Para poder cumplir esta obligación internacional es evidente la necesidad de que, a tales efectos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado comuniquen a este juzgado central de instrucción, de inmediato, la posible presencia en territorio español" de los querellados, afirma José de la Mata, magistrado de la Audiencia Nacional de España.
En reacción, la Fiscalía del país europeo ha pedido este miércoles al juez De la Mata “dejar sin efecto” la orden emitida, argumentando que se trata de una "medida cautelar" que resulta "ausente de respaldo legal y de muy difícil ejecución".
Sin embrago, el mencionado magistrado ha frustrado la pretensión de la Fiscalía afirmando que su decisión da "cumplimiento exacto" a la obligación imperativa establecida en el IV Convenio de Ginebra de 1949, en el que se estipula la obligación de "buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer un delito, cualquier infracción grave (...), a fin de hacerlas comparecer ante los propios tribunales".
"Para poder cumplir esta obligación internacional es evidente la necesidad de que, a tales efectos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado comuniquen a este juzgado central de instrucción, de inmediato, la posible presencia en territorio español" de los querellados, ha recalcado.
El citado juez había cerrado provisionalmente la investigación el pasado mes de junio, indicando que el caso no podía proceder bajo la jurisdicción universal española porque los acusados no estaban físicamente en España.
Este procedimiento fue abierto en 2010 por el juez Pablo Ruz a partir de una querella presentada por tres activistas españoles que viajaban en la Flotilla, por delitos de lesa humanidad, detención ilegal, deportación y tortura, y delito contra las personas y bienes protegidos en un contexto de crímenes de guerra.
Además de Netanyahu, la querella se dirige contra los entonces ministros de asuntos militares, Ehud Barak; asuntos exteriores, Avigdor Lieberman; asuntos estratégicos, Moshe Yaalon; interior, Eli Yishai; el ministro sin cartera Benny Begin, y el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer 'Chiney' Maron.
De acuerdo con la Coalición Flotilla de la Libertad, a bordo de Marianne iban 18 personas, entre políticos, activistas y periodistas de distintos países del mundo, incluida la eurodiputada del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) Ana Miranda.
La primera “Flotilla de la Libertad”, integrada por seis barcos a cuyo frente iba el Mavi Mármara, fue interceptada por el régimen de Israel, en junio de 2010, en una acción violenta que provocó 10 muertos y más de 50 heridos entre los 600 activistas a bordo procedentes de distintas partes del mundo.
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