El Juzgado Central de Instrucción n.º 6 de la Audiencia Nacional ordenó este martes la apertura de diligencias previas contra el primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, su canciller, Yisrael Katz, y varios altos mandos militares, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El caso está relacionado con el asalto al barco Madleen, de la Flotilla de la Libertad, ocurrido el 1 de junio en aguas internacionales, cuando transportaba ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza.
La querella fue presentada el pasado jueves por el ciudadano español Sergio Toribio, único tripulante español a bordo del Madleen. En su demanda, Toribio denuncia el abordaje ilegal del buque por parte de la unidad de élite israelí Shayetet 13, destacando el uso de drones, armas de fuego y gases lacrimógenos contra la tripulación. Además, señala la detención arbitraria, el interrogatorio y la posterior deportación de los doce activistas a bordo, entre ellos Greta Thunberg y Rima Hassan. Estos hechos han sido considerados como una violación del Derecho Internacional Humanitario, en el marco de un genocidio en curso contra la población civil palestina.
Al acusar al régimen sionista de violar las leyes humanitarias, Toribio ha solicitado que se investiguen los hechos como crímenes de guerra (art. 608 bis y siguientes del Código Penal español), crímenes de lesa humanidad (art. 607 bis), torturas y tratos inhumanos a personas protegidas, detención ilegal, violación del derecho a la asistencia humanitaria, así como actos de piratería o violencia en alta mar, todos ellos prohibidos por el Derecho Internacional consuetudinario.
Además, entre las diligencias propuestas destacan la toma de declaración como testigos de Greta Thunberg, Rima Hassan y otros tripulantes del Madleen; la solicitud de documentación a las autoridades israelíes; la incorporación de informes de organismos internacionales sobre el bloqueo a la Franja de Gaza y el asalto al barco; así como la colaboración con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Por su parte, el dirigente del partido Sumar, Jaume Asens, señaló en un comunicado difundido por su equipo que la apertura de estas diligencias representa un paso importante en la lucha contra la impunidad. Subrayó que “cuando los Estados incumplen sus obligaciones, debe ser la sociedad civil quien active la justicia como herramienta ética, jurídica y política frente al horror”.
Asimismo, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe condenó los crímenes del régimen sionista y declaró: “Llevamos años denunciando el bloqueo ilegal a la Franja de Gaza y el castigo colectivo a su población. Este proceso judicial es una conquista del movimiento de solidaridad internacional y una advertencia para quienes creen que pueden actuar con total impunidad”.
Igualmente, la activista y portavoz de la Flotilla de la Libertad en el Estado español, Sandra Barrilaro, ha señalado que “navegamos con el derecho internacional de nuestra parte. Atacar una misión humanitaria en aguas internacionales es un crimen grave que debe ser juzgado. La justicia española envía un mensaje claro: los derechos humanos no pueden ser pisoteados impunemente”.
La guerra genocida israelí en Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023, ha causado la muerte de más de 57 500 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.
El régimen israelí impide la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, dejando deliberadamente a más de dos millones de civiles en condiciones de hambruna, mientras la comunidad internacional permanece pasiva.
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