La Administración del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, envió el lunes tres cartas a las autoridades catalanes, en las que pidió a la Generalitat que explique la inhibición de la Policía de Cataluña, los Mossos d'Esquadra, ante las acciones de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).
La dura denuncia de la Moncloa se produjo cuando los CDR cortaron este fin de semana carreteras y los puestos de peaje de las autopistas AP-7 y AP-2, y los Mossos no actuaron ante los cortes.
La vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, y los ministros del Interior y de Fomento, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos, respectivamente, emitieron tres cartas a los respectivos consejeros catalanes y condenaron lo sucedido.
“Si el Govern catalán no garantiza la seguridad, Interior enviará a las fuerzas de seguridad del Estado”, amenazó el ministro del Interior de España.
Grande-Marlaska aseveró que el artículo 38.2 de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado permite al Gobierno enviar a la Policía y a los cuerpos de seguridad a Cataluña si lo estima necesario.
Si el Govern catalán no garantiza la seguridad, Interior enviará a las fuerzas de seguridad del Estado (a Cataluña)”, amenazó Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior de España.
El Gobierno español urgió a los Mossos a que cumplan con las funciones que les corresponden. “Es nuestra obligación evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido”, señaló, por su parte, la vicepresidenta del Gobierno en otra misiva.
La tensiones entre el Gobierno central y el Govern de Cataluña crecieron tras la victoria del sí en el plebiscito de octubre de 2017 —con la abstención casi general de los catalanes contrarios a la secesión— y la posterior declaración de independencia de Cataluña ese mismo mes. Ante estas circunstancias, el Gobierno español, presidido entonces por Mariano Rajoy, cesó al gobierno autonómico en pleno aplicando el artículo 155 de la Constitución española.
El pasado 2 de octubre, Torra dio un ultimátum de un mes al Ejecutivo español para que formule una propuesta a fin de poner en práctica “el derecho de autodeterminación” de Cataluña.
En respuesta, Sánchez aseguró que el Gobierno central de Madrid no aceptará ni un “ultimátum” de los independentistas ni el establecimiento de un “155 perpetuo”, y agregó que sigue manteniendo su apuesta por el “diálogo y la ley”.
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