El drama de las personas que llegan a España huyendo de la violencia de sus países de origen no finaliza al llegar. Se ven envueltos en un largo proceso que continúa con la asignación de la denominada “tarjeta roja”, un documento que demuestra que son solicitantes de asilo, lo que les garantiza el derecho a trabajar y a no ser deportados mientras dure el proceso que determinará finalmente si se les concede o no el estatus de refugiados.
En Madrid, la capital española, la única comisaría que gestiona el primer trámite de asilo está colapsada. Hasta la semana pasada, sólo se atendían a 99 extranjeros al día, por lo que muchas familias se han visto obligadas a dormir a la intemperie esperando su turno.
La oenegé Save the Children (Salven a los Niños) desde que tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo, ha estado presionando a la Administración para que pusiera fin al problema.
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) critican que España no cumpliera con la cuota de personas a las que se comprometió a acoger cuando estalló la crisis de los refugiados.
La diputada Marian Beitialarrangoitia critica que el Gobierno de Pedro Sánchez aprovechó un golpe de efecto al acoger a los migrantes del Aquarius “para, sin cambiar la política de migración del Ejecutivo de Mariano Rajoy, pareciera que estaba haciendo las cosas de otra manera.”
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, inició hace algunos días una actuación de oficio con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para conocer las medidas previstas para acabar con las esperas y las condiciones que deben soportar las personas que quieren iniciar sus trámites para solicitar asilo.
La Policía Nacional ha publicado una convocatoria interna de 40 puestos de trabajo en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. De este modo, pretenden solucionar el colapso que sufren las peticiones de asilo.
David Hernández, Madrid.
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