En las últimas semanas hemos asistido a toda una serie de episodios represivos que parecen haberse orquestado con el fin de atemorizar a los movimientos sociales y a la ciudadanía organizada ante la aprobación de la ley mordaza.
“En las últimas semanas hemos asistido a toda una serie de episodios represivos que parecen haberse orquestado con el fin de atemorizar a los movimientos sociales y a la ciudadanía organizada ante la aprobación de la Ley Mordaza”, describe la situación en España un comunicado de la Comisión Legal Sol, formada en la capital española, Madrid, durante el movimiento 15-M de 2011.
La Ley Mordaza, oficialmente “Ley de Seguridad Ciudadana” aprobada por la mayoría parlamentaria del derechista Partido Popular (PP), introduce decenas de nuevas prohibiciones, buen número de ellas de acciones comunes en los movimientos de protesta españoles, que sanciona con multas de elevadísima cuantía.
Las manifestaciones de protesta de la noche del miércoles tuvieron lugar en Madrid —con un millar de personas, según el periódico electrónico Diagonal, ver aquí— Granada (sur), Barcelona (noreste), Palencia (norte), Zaragoza (norte), Salamanca (noroeste), Gerona (noreste) y Cuenca (centro), para protestar por la detención de varias decenas de activistas políticos.
La concentración de Madrid transcurrió sin incidente particular hasta la intervención de las fuerzas policiales, que cargaron a porrazos contra los manifestantes reunidos en la céntrica plaza de Tirso de Molina.
Un número de personas resultaron heridas, 30 según fuentes del movimiento de protesta y 12 que requirieron cuidados en comisaría según la prensa conservadora, que afirma que dos tercios de ellos son agentes de policía.
La Policía española, en particular la madrileña, es conocida por simular heridas y realizar declaraciones falsas para incriminar a los movimientos sociales y facilitar así su represión ante la opinión pública y ante los organismos judiciales.
El cuerpo uniformado ha bautizado como “Operación Piñata” el relanzamiento de la “Operación Pandora” de diciembre, en contra de la organización Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), fugaz plataforma desde la que se publicó un libro de crítica de los sistemas políticos pretendidamente “democráticos”. La Policía formula la temible acusación de “terrorismo”.
Cinco de los al menos 38 detenidos en la Operación Piñata fueron enviados a prisión sin fianza ayer miércoles por orden del juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco.
La Comisión Legal Sol ha advertido poco después de las cargas policiales en Madrid que la Policía denomina como “explosivos” meras bombonas de gas de acampada, “organización terrorista” a las asociaciones que funcionan según modelos de autogestión y “tácticas de guerrilla” a los intentos de autodefensa ante los abusos policiales.
El país del sur de Europa experimenta un serio retroceso de las libertades civiles y un aumento de la represión ya previsto en junio de 2010 por el entonces presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durão Barroso, cuando advirtió de que el colapso económico podría desestabilizar los sistemas (autodenominados) democráticos en Grecia, España y Portugal.
La protesta por las detenciones ha estado comunicando a través de las redes sociales por medio de la etiqueta #YoTambiénSoyAnarquista.
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