“No se dan cuenta del daño tan grande que han hecho al sector”, dice de los Gobiernos de la UE el responsable nacional de frutas y hortalizas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de España (COAG), Andrés Góngora, en una entrevista publicada el viernes por la cadena rusa Sputnik.
Las restricciones del bloque occidental a varios tipos de comercio con Rusia, desde el verano pasado, tras el aún no aclarado derribo sobre el sureste de Ucrania del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, provocaron que Moscú prohibiera la importación de productos alimentarios procedentes de la UE, EE.UU., Australia, Canadá y Noruega, países que apoyaron las sanciones.
“Nos sentimos víctimas de la irresponsabilidad política de la UE y de los gobiernos que la forman”, lamenta Góngora, que explica que la confrontación iniciada por Bruselas y Washington ha dañado especialmente a los agricultores españoles, que exportan en gran medida lo que producen.
La subsecretaria general de otro sindicato, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Montserrat Cortiñas (en la foto de abajo), estima las pérdidas sufridas por su sector en cientos de millones de euros. La dinámica de las sanciones ha saturado mercados europeos que solían adquirir frutas españolas, por el desvío allí de las producciones de Polonia, Rumanía y países vecinos.
Los sindicalistas españoles, señala Sputnik, se muestran también críticos con la reacción de Moscú, pese a verla como una “jugada inteligente” que ha logrado generar un auténtico conflicto en la UE, en el que los agricultores son los más perjudicados.
“No entiendo cómo, después de tantos meses, no se ha podido concretar una solución”, protesta Góngora, advirtiendo que en pocas semanas comienza una nueva temporada, y que en todo caso a los españoles les costará recuperar unos clientes que han encontrado ya recambios en Latinoamérica o en países como Marruecos.
El jueves, los dirigentes de la UE decidieron mantener las restricciones económicas contra Rusia hasta que se cumplan en Ucrania las medidas de desmilitarización y reforma constitucional acordadas el 11 de febrero en la capital bielorrusa, Minsk, por Kiev, las fuerzas independentistas, Rusia, Francia y Alemania.
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